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Así quedarán los sueldos de los estatales bonaerenses tras el cierre de las paritarias

La Provincia acordó en negociaciones paritarias con los gremios del sector un 20% de incremento salarial, que se hará efectivo con los haberes de este mes.

Las autoridades de la provincia de Buenos Aires y los principales gremios estatales bonaerenses retomaron las negociaciones paritarias y el último jueves acordaron una suba del 20%, que se percibirá ya con los salarios de febrero. El incremento se suma al 25% que el Gobierno de Axel Kicillof ya había otorgado por decreto en enero, siguiendo la línea de la inflación.

De esta manera, de acuerdo con un documento difundido por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)los empleados de la administración pública provincial pasarán a cobrar salarios de entre $416.522,8 y $792.772,9, en promedio; pudiendo ser bastante mayores teniendo en cuenta la antigüedad del personal en el cargo y las bonificaciones extra que pagan muchas reparticiones y organismos.

Según el cálculo de la central obrera, un empleado de categoría 5 –la más baja de la escala estatal– que en enero cobraba unos $351.831,2 tendrá un incremento de casi $65.000 y un acumulado en los últimos dos meses de $135.007,9. Las subas representan, de acuerdo con el informe, un aumento salarial del 48% respecto de los haberes de diciembre de 2023.

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En el otro extremo de la escala, quienes cuenten con una categoría 24 –la más alta posible–, tendrán un aumento promedio de $123.202,2 este mes y un acumulado, entre enero y febrero, de $257.115,4.

El aumento también alcanzará a los docentes, aunque los gremios todavía no aceptaron formalmente la propuesta de la Provincia. En ese sentido, según informó el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA), un maestro de grado pasaría a ganar unos $355.009 desde este mes.

Vale destacar que todos estos datos corresponden a trabajadores bajo el régimen de 40 horas semanas y sólo con los descuentos obligatorios del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y el Instituto de Previsión Social (IPS) a los que todos los empleados públicos provinciales deben aportar.

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