Buenos Aires, 28/10/2020, edición Nº 1444
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Actualidad

La Corte bonaerense creó un fondo para que jueces y fiscales donen plata de sus sueldos

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires creó el Sistema de Aporte Solidario e impulsa un programa de medidas de austeridad, a fin de solventar la adquisición de insumos necesarios para atender a los pacientes con coronavirus. Al nuevo fondo se sumó el Ministerio Público bonaerense, por lo que los fiscales también aportarán.

En cuanto al Sistema de Aporte Solidario, el organismo estableció que estará constituido con aportes voluntarios que pueden alcanzar un 20% del sueldo básico de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de Casación, Cámaras de Apelación y de primera instancia, como así también de funcionarios de alto rango.

Dichos fondos, según surge de la resolución, serán destinados al Ministerio de Salud de la Provincia y a instituciones de bien público provincial dedicadas a la atención sanitaria por la pandemia.

Entre los fundamentos de la Resolución 14/20 firmada por el presidente Eduardo de Lázzari, el Tribunal expresa que es «consciente del esfuerzo que la generalidad de los magistrados ponen cotidianamente al servicio de la función judicial incluso durante esta grave emergencia; como también lo es del rezago que tienen sus remuneraciones comparadas con otras jurisdicciones del país».

«Sin embargo, ante el duro trance que enfrenta la sociedad argentina, elevadas razones de interés público tornan aconsejable instar el mecanismo solidario que se ha de instituir y disponer lo necesario para hacer economías del gasto en un contexto de estricta austeridad», completa la resolución.

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia decidió instrumentar un programa de medidas de austeridad del gasto, tendientes a generar el ahorro de partidas que pudieran complementar dicho Fondo Solidario. Entre otras, congelarán la cobertura de cargos existentes al 31 de marzo, suspenderán la adquisición de inmuebles, automotores y bienes de capital, y postergarán la compra de material destinado a las bibliotecas del Poder Judicial.

Además, suspenderán el pago en concepto de viáticos y movilidad para las comisiones de servicios y los pagos de horas cátedras que se abonan en el marco de las actividades del Instituto de Estudios Judiciales.

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